La reciente reforma al Poder Judicial de Michoacán, aprobada por el Congreso estatal en octubre y promulgada esta semana, ha generado reacciones divididas entre los ciudadanos de Morelia. Aunque algunos reconocen los posibles beneficios de la reforma, como la reducción de los «privilegios excesivos» que históricamente han disfrutado jueces y magistrados, otros consideran que la elección popular de estos funcionarios podría generar más problemas que soluciones.
La modificación al sistema judicial, que permite que jueces y magistrados sean elegidos mediante votación popular, ha desatado la controversia entre los habitantes de la capital michoacana. Mientras algunos valoran la intención de democratizar estos cargos, otros temen que esto abra la puerta a la designación de personas sin la preparación necesaria para ocupar puestos de tan alta responsabilidad.
Salvador Vargas, un comerciante local, se mostró escéptico respecto a la reforma. Asegura que el cambio «nos está quitando derechos a los ciudadanos» y calificó la decisión del gobierno de Morena como un error. «No entiendo por qué tomaron esta decisión», comentó con preocupación, refiriéndose específicamente a la elección popular de los jueces. «El trabajo de un juez debe ser producto del esfuerzo y la preparación, no de una elección por voto, donde cualquiera podría llegar sin la debida formación», añadió.
A pesar de no considerar que los jueces sean inherentemente corruptos, Vargas señaló que la corrupción es un problema generalizado en México. «La corrupción está en todos los niveles, desde el presidente hasta los funcionarios locales, y es probable que la gente se vea influenciada por el dinero», afirmó.
Por su parte, Miguel Onofre, un comerciante de 39 años, expresó una opinión matizada. Reconoce que la reforma tiene aspectos tanto positivos como negativos, pero considera que el sistema judicial en Michoacán necesita una revisión. «Es cierto que los privilegios en el Poder Judicial son excesivos», indicó, refiriéndose principalmente a los altos salarios y prestaciones de jueces y magistrados. Sin embargo, también alertó sobre los riesgos de que personas sin la preparación adecuada lleguen a estos puestos a través de la elección popular. «Si no se eligen a los mejores perfiles, sería un gran retroceso», subrayó.
Onofre también destacó que la reforma podría ayudar a reducir los privilegios económicos de los funcionarios judiciales, como los elevados sueldos y beneficios. «Mientras la mayoría de los ciudadanos luchan por obtener condiciones laborales justas, estos magistrados llevan años en el poder, sin comprender las realidades de la gente común», opinó.
En otro comentario, José Antonio González, empleado municipal, admitió no conocer a fondo los detalles de la reforma, pero señaló que, en general, la considera negativa. «Va en contra de un gobierno que debería buscar lo mejor para la gente», expresó. González se mostró particularmente en desacuerdo con la elección popular de los jueces y magistrados. «Cada quien ha trabajado duro por su profesión, y no es correcto que el gobierno se decida por sus conocidos para ocupar estos cargos», señaló.
Aunque no tiene conocimiento directo de casos de corrupción en el Poder Judicial, González agregó que «la corrupción es un problema que existe en todos los ámbitos, independientemente de la profesión». En cuanto a la reforma, subrayó que su verdadero objetivo debe ser precisamente erradicar la corrupción, no perpetuarla.
