Desde que asumió el cargo, Donald Trump ha tenido en su mira a las ciudades santuario, especialmente aquellas que se encuentran entre las urbes más prominentes de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles, Seattle y Atlanta. Estos lugares, definidos generalmente por políticas locales que limitan la cooperación con los servicios de inmigración federales, son ahora el centro de una batalla política. Aunque no existe una definición legal universal para el término «ciudad santuario», en general se refiere a aquellas ciudades que, por medio de leyes o políticas locales, no colaboran con las autoridades federales en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. El objetivo de estas políticas es fomentar la confianza de las comunidades inmigrantes en las fuerzas del orden, asegurando que las autoridades locales no proporcionen información migratoria ni lleven a cabo las órdenes de detención emitidas por el gobierno central.
Dado el rechazo de estas ciudades a cooperar con los planes de deportación masiva del presidente electo, la tensión con la administración de Trump ha ido en aumento. Desde su campaña, Trump ha amenazado con tomar medidas drásticas contra las ciudades santuario, y ahora, con la llegada de Tom Homan, un destacado defensor de políticas migratorias duras, el conflicto parece alcanzar un nuevo nivel. Las amenazas de retaliación, como la congelación de fondos federales y persecución legal, apuntan a un choque directo en cuanto Trump asuma la presidencia.
Un ejemplo claro de la estrategia de presión contra las ciudades santuario lo ha brindado el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien en los últimos años ha movilizado a cientos de migrantes en buses y aviones hacia ciudades como Washington, Nueva York, Chicago y Denver. Esta maniobra buscó crear una crisis humanitaria para demostrar el costo de proteger a los migrantes, lo que generó desbordamientos en los servicios de asistencia y aumentó el malestar en algunas de estas urbes. No obstante, a pesar de la creciente tensión, los líderes locales se han mantenido firmes en su posición de no colaborar en las deportaciones, lo que deja claro que la confrontación continúa.
Ante la falta de disposición de las ciudades para cambiar sus políticas, Trump y su equipo han sugerido un enfoque más agresivo. En el «Proyecto 2025», un documento de la Heritage Foundation que ahora sirve como guía para la administración entrante, se esboza un plan para desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y crear una nueva agencia centrada exclusivamente en la seguridad fronteriza. Este cambio podría permitir un intercambio más fluido de información entre diferentes entidades gubernamentales, lo que ayudaría a identificar y perseguir a los inmigrantes indocumentados en estas ciudades santuario.
Sin embargo, la estrategia más directa parece ser la congelación de fondos federales, especialmente aquellos destinados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Durante su primer mandato, Trump ya intentó aplicar este tipo de sanciones financieras contra las ciudades que no colaboraban con los esfuerzos federales de inmigración, pero los tribunales bloqueaban sus intentos. Con un sistema judicial más alineado con sus políticas, Trump parece estar decidido a llevar esta táctica aún más lejos.
Además, en el Congreso, los republicanos han presentado el proyecto de ley No Bailout for Sanctuary Cities Act (Ley de No Rescate a las Ciudades Santuario), que busca redefinir lo que constituye una ciudad santuario y prohibir que estas reciban fondos federales. Este proyecto, que ya ha sido respaldado por varios congresistas republicanos, establece que las ciudades que no compartan información sobre el estatus migratorio o que se nieguen a cumplir con las órdenes de detención del DHS no podrán recibir ayudas federales. Sin embargo, la ley enfrenta desafíos legales, ya que va en contra de principios constitucionales que protegen la autonomía de los gobiernos locales y el federalismo.
Las tensiones entre el gobierno federal y las ciudades santuario, aunque intensas, no han logrado resolver la división fundamental sobre la inmigración en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de Trump, que incluyen amenazas de sanciones financieras y posibles cambios legislativos, la batalla por el futuro de las ciudades santuario está lejos de ser resuelta, y la resistencia de estas urbes a ceder a las demandas federales sigue siendo firme.
